Hemos acostumbrado a los ciudadanos a escuchar una pregunta: ¿son sostenibles las pensiones? Es legítima, pero insuficiente. Todos necesitamos saber algo más concreto: ¿permitirá nuestra pensión mantener una vida razonablemente parecida a la que teníamos mientras trabajábamos? Podemos conseguir que las cuentas cuadren y, al mismo tiempo, dejar esa necesidad sin resolver.
El reciente informe de la OCDE sobre financiación de la protección social sitúa el debate donde corresponde. El envejecimiento aumenta las necesidades de pensiones, sanidad y cuidados, mientras presiona los ingresos laborales que sostienen buena parte del sistema. La protección social representa alrededor del 23 % del PIB en la OCDE y la Unión Europea. Ese porcentaje comprende muchas prestaciones; las pensiones son una pieza central, pero comparten recursos con otras necesidades crecientes.
Detrás de estas cifras aparece una conquista extraordinaria: vivimos más. La longevidad es ese bendito problema que ninguna sociedad debería lamentar. El desafío consiste en financiar más años de vida, con necesidades que cambian y cuidados que pueden resultar costosos. Una jubilación larga exige ingresos durante mucho tiempo. Y exige reconocer que conservar poder adquisitivo y mantener el nivel de vida son objetivos relacionados, aunque diferentes.
Por eso conviene distinguir sostenibilidad y suficiencia. La primera pregunta si el sistema puede continuar pagando. La segunda examina qué permite hacer con lo que paga. Una prestación puede evitar la pobreza y resultar insuficiente para sostener la vivienda, atender una situación de dependencia, ayudar a la familia o conservar cierta autonomía. Para el ciudadano, la jubilación se mide también en esas decisiones cotidianas.
España parte de una protección pública relevante. Las estimaciones de la propia OCDE siguen situando sus tasas de sustitución entre las elevadas para determinados trabajadores con carreras completas. Sería incorrecto afirmar que el organismo pronostica unas pensiones españolas inevitablemente reducidas a mínimos asistenciales. Tampoco existe un destino idéntico para todos los países. Las decisiones políticas, el empleo, la productividad y las trayectorias laborales importan.
La longevidad es ese bendito problema que ninguna sociedad debería lamentar. El desafío consiste en financiar más años de vida, con necesidades que cambian y cuidados que pueden resultar costosos
Precisamente por eso debemos hablar del riesgo con rigor. Mi preocupación es que, si no anticipamos los cambios, la pensión pública vaya concentrando su capacidad protectora en garantizar un suelo de ingresos, mientras pierde capacidad para preservar el nivel de vida de una parte de la población. Una deriva hacia prestaciones con una función cada vez más asistencial es un escenario que debemos prevenir, no una certeza que podamos atribuir al informe.
Además, las carreras completas utilizadas en muchas comparaciones internacionales no describen todas las biografías. Hay desempleo, periodos de cuidados, trabajo parcial, ingresos irregulares y años de cotización reducida. La Comisión Europea advierte de descensos previstos en las tasas de sustitución de carreras tipo en numerosos países. La distancia entre la prestación y las necesidades personales merece tanta atención como el volumen agregado del gasto.
La OCDE plantea ampliar y diversificar las fuentes de financiación. Las cotizaciones convivirán con debates sobre impuestos generales, rentas del capital y patrimonio. Son decisiones colectivas importantes. Sin embargo, ninguna fórmula de ingresos responde por sí sola a una pregunta individual: cuánto necesitará cada persona para vivir durante veinte o treinta años después de dejar de trabajar.
Ahí entra la planificación financiera. Su utilidad empieza mucho antes de elegir un producto: conocer los ingresos previsibles, estimar gastos, valorar deudas, incorporar la inflación y contemplar posibles necesidades de cuidados. Después corresponde estudiar qué ahorro complementario resulta viable y adecuado. Habrá personas con margen amplio y otras que necesitarán apoyo. Una política responsable debe reconocer ambas realidades.
También las empresas pueden contribuir mediante mecanismos de previsión social y educación financiera accesible. Y los profesionales debemos explicar con claridad los costes, riesgos, plazos y limitaciones de cada alternativa. La confianza se construye cuando una persona entiende sus opciones y puede decidir sin miedo ni promesas desproporcionadas.
Defender la pensión pública exige hablar de lo que esperamos de ella. Garantizar un ingreso es esencial; preservar una vida autónoma y digna requiere una mirada más amplia. Esperar a la jubilación para descubrir una insuficiencia deja pocas posibilidades de corregirla.
La longevidad nos ha regalado años. Nuestra responsabilidad es prepararlos. Abramos el debate sobre cómo queremos vivirlos, qué protección compartida podemos ofrecer y qué decisiones debemos empezar a tomar hoy.
